Por: Lina Mejía Torres
En meses recientes, algunos líderes mundiales han protagonizado una ola de radicalismo político que ha invadido diversos espacios públicos alrededor del planeta, lo que ha ocasionado una era de polarización como herramienta de manipulación en temas sociales fundamentales.
El hecho que más se destaca es la utilización de discursos con contenidos perjudiciales que atacan la concepción de convivencia colectiva y la bases fundamentales de derechos alcanzados; esto provoca cambios cuestionables en las políticas nacionales, ocasionando que ciertas administraciones centren sus agendas en contra del principio de no regresividad en temas vitales como la inmigración, la población LGBTIQ, la discriminación racial y los refugiados.
En repetidas ocasiones, hemos visto cómo los sistemas de gobierno han fluctuado en diferentes lugares del mundo; países como Brasil, Chechenia, Francia, Estados Unidos y Holanda han sufrido cambios en sus estructuras gubernamentales que han repercutido en la concepción de los derechos humanos como piedra angular de la construcción de un estado- sociedad armónico.
Lo que hemos conocido como formas de gobierno “tradicionales” bajo la percepción de bases democráticas y pluralistas, se ha transformado en un campo de batalla para el lenguaje extremista y las retóricas irresponsables, lo que ha traído como consecuencia que los problemas que alguna vez se creía superados, resurgieran nuevamente a la esfera pública, normalizando situaciones que claramente contravienen las bases mínimas de respeto de los derechos humanos, y que como consecuencia ahondan la problemática entre la libertad de expresión, la opinión pública y las manifestaciones que rayan con la incitación y la apología al odio.
La situación mencionada, debe ser seguida de cerca y no puede ser normalizada debido a que la ejecución de los discursos de líderes políticos, funcionarios estatales, y personajes de influencia nacional, repercuten en las estrategias utilizadas por autoridades gubernamentales, instigando un marco jurídico de protección precario, debilitando las instituciones y confianza en el Estado, provocando una fragmentación social y política, e incrementando los problemas de las comunidades históricamente estigmatizadas.