Por: Lina Mejía Torres
Esta semana en el marco del caso 003 la Jurisdicción Especial para La Paz dio a conocer la estrategia de priorización de los hechos de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o también denominadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
Aunque la reacción no se hizo esperar por parte de ciertos sectores que niegan lo ocurrido, no deja de ser absurdo que se acudan a razonamientos distorsionados para tratar de justificar la muerte de miles de civiles. Aquellos discursos se centran irracionalmente en excusar una política de guerra que bajo la garantía de una falsa sensación de seguridad acudió a cualquier método con tal de derrotar a los denominados “enemigos internos del Estado”.
Esta situación no es nueva, ya se había denunciado hace muchos años y se había reconocido que las ejecuciones extrajudiciales SÍ ocurrieron y que en efecto existían más de 2.000 casos y mucho más de 3.000 víctimas.
Respecto de las cifras, hasta 2019 pasado se habían reportado cerca de 2.314 casos con 3.966 víctimas por parte de la Fiscalía General de la Nación los cuales involucran además a 10.949 miembros del ejército. Sin embargo, se advirtió que este registro no era único o consolidado, así lo reconoció la Corte Penal Internacional en su informe sobre las actividades de examen preliminar de 2018, 2019 y 2020.
Es decir, que no existía una cifra total pues el aumento en el número de casos y de víctimas podría ser constante en razón a la reactivación de procesos, atrasos e investigaciones en otras jurisdicciones. Por tanto, los más de 2.000 casos que se venían trabajando y las 6.402 víctimas reportadas por la JEP esta semana son más que reales y pueden constituir incluso tan sólo una parte del universo total.
Más allá de estas graves cifras, las ejecuciones extrajudiciales son y fueron un hecho. Así lo ha señalado la CPI, así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2016 y 2018 cuando condenaron a Colombia por falsos positivos en Arauca, Santander y Casanare y así lo han reportado múltiples órganos de derechos humanos a nivel internacional.
Entonces no se trata de reportes falsos o de inventos de organizaciones sociales y de órganos de justicia transicional “odiadoras”de un Gobierno O de un eje geopolítico que interviene en la democracia de Colombia; constituye una delicada realidad que ha sido sancionada a nivel Internacional y que está en investigación en la JEP para esclarecer las verdades del conflicto.
Adenda: El conflicto es y será de varios actores y no de uno solo como varios sectores insisten. No se puede tolerar que sigan utilizando la misma práctica añeja en donde se acude a supuestas estrategias de desprestigio o de asociación a casos aislados para justificar las graves violaciones a los derechos humanos. Sean una o sean miles, las ejecuciones extrajudiciales fueron un modus operandi del Estado y de sus agentes e independientemente de las cifras fueron hechos graves que no pueden ser excluídos mediante estratagemas por parte de quienes le tienen miedo a la verdad.