En desarrollo de los principios aprobados en la Declaración de Río, columna vertebral de las actuales políticas de medio ambiente, se aprobó en Costa Rica el Acuerdo de Escazú (2018) para garantizar el libre acceso a la información medioambiental.
En su punto 9º el Acuerdo establece las condiciones para asegurar el derecho de los lideres ecologistas a acceder y utilizar esta información en desarrollo de sus actividades de protección y conservación de la naturaleza. Para Colombia, el compromiso de Escazú, no es un tema menor. En el año 2019, según Global Witness, fueron asesinados 212 ecologistas, de los cuáles 64, el 30%, eran colombianos.
Animado por los jóvenes del movimiento estudiantil, el presidente Duque anunció su compromiso con el Acuerdo en el mes de diciembre de ese año en Naciones Unidas. Y lo presentó, para su aprobación, al Congreso de la República, con un mensaje de urgencia que buscaba acelerar su paso. Todo iba bien hasta que los gremios, apoyados por líderes políticos de la derecha, comenzaron a sabotear la discusión del Tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Según parece, les molesta que el Acuerdo los obligue a suministrar información sobre el impacto medioambiental de sus proyectos y la posibilidad de celebrar consultas comunitarias previas antes de llevarlos a cabo. El propio partido de gobierno, el Centro Democrático, se hizo eco de este malestar interesado proponiendo, oh paradoja, que se hiciera una consulta previa sobre los alcances del proyecto en trámite. Es decir, un acuerdo con ellos.
El gobierno ha acelerado la demora en la aprobación de la ley quitándole el vapor que le dio inicialmente. Como resultado, el Tratado de Escazú está en el limbo, preso del terrible dilema que planteaban los viajeros los salteadores de caminos: la bolsa de los empresarios o la vida de los ecologistas amenazados. Amanecerá y veremos.