La paz de Colombia es la paz de América Latina

March 6, 2017

Unasur nació como respuesta a la crisis regional de finales de siglo, y entre sus los ejes fundacionales se destacan la consolidación de la democracia, el aseguramiento de la vigencia de todos los derechos humanos, y la preservación de la región como una zona de paz.

 

Esta condición nos interesa para entender la importancia que tiene la reciente firma de los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC. El pacto ratifica la condición de “oasis de paz” de la región, en un mundo azotado por guerras étnicas, conflictos religiosos y enfrentamientos propios de las lógicas más perversas que marcaron la Guerra Fría.

 

La condición pacífica de Suramérica trasciende el plano de la retórica, como quedó expreso en el pionero y visionario Tratado de Tlatelolco de 1968, la Declaración Conjunta de Bariloche de UNASUR en 2008, y la II Cumbre de la CELAC en la Habana, que consensuó la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. La Declaración de Bariloche, por tanto, está ligada a la solución pacífica del conflicto colombiano, y merece un comentario aparte, por su pertinente y oportuna repuesta a las bases militares estadounidenses en territorio colombiano.

 

La primera mención a la existencia de tales, fue recogida por la Revista CAMBIO, que mencionaba un estudio del Pentágono, sobre las necesidades norteamericanas de transporte militar estratégico para 2009.

 

Según el Plan acordado en Washington, la base de Palanquero, epicentro de las operaciones militares aéreas y base central de la Fuerza Aérea Colombiana, debería convertirse en el equivalente de la base de Okinawa en Japón. La iniciativa fue acogida con tal entusiasmo por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, que propuso no solo una, sino seis bases.  De la lectura del documento del Pentágono, se desprende claramente, que el establecimiento de esta base norteamericana, fue estudiada y avalada estratégicamente por los técnicos de defensa de los Estados Unidos, incluso antes de que el propio gobierno de Colombia lo supiera. La propuesta posterior del gobierno del Presidente Uribe, para instalar más bases en la frontera colombo-venezolana, terminaría comprometiendo las relaciones de Colombia con toda Suramérica.

 

Así se evidenció en  la mencionada Cumbre de Bariloche de 2008, que otorgó al Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR el rol significativo de definir garantías en los acuerdos militares extra regionales para excluir la instalación de unidades militares foráneas en territorio suramericano.

 

El sistema de defensa de UNASUR ha venido reemplazando el obsoleto sistema interamericano creado bajo la sombrilla del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Junta Interamericana de Defensa y la desacreditada Escuela de las Américas. Esta última dedicada a preparar a los altos mandos de los países del hemisferio en doctrinas ancladas en hipótesis de conflicto entre los Estados de la región, y en respuestas colectivas a posibles amenazas externas propias de las ya superadas épocas de la Guerra Fría. El Consejo de Defensa Suramericano, trabaja en cambio, sobre hipótesis de confianza para superar, sumando fortalezas, riesgos propios de un concepto de “seguridad regional”.

 

El factor que más altera la paz regional -entendida como la posibilidad de que los ciudadanos disfruten de sus derechos sin ninguna interferencia- es la inseguridad ciudadana. América Latina presenta la tasa de homicidios más alta del mundo. De las diez ciudades más peligrosas del mundo, nueve son latinoamericanas, y cuenta con el mayor número de armas ligeras en manos de sus ciudadanos.

 

Los factores que explican estos índices de violencia social tienen que ver, con la rapidez con que ha ocurrido la “ruralización” de las ciudades expuestas a la llegada masiva y no asimilada de millones de campesinos, expulsados de las áreas rurales por indolentes políticas de modernización en el campo. A esto se añade el efecto perturbador de fenómenos como el tráfico de drogas que ha potencializado la violencia urbana. Con la profusión del equivocado concepto de política criminal - el del populismo punitivo – se asume que toda conducta antisocial, debe contrarrestarse elevando su punición normativa.

 

Las verdaderas amenazas

 

La solución del conflicto armado en Colombia, ayudará a consolidar la paz en la zona, y contribuirá a fortalecer los organismos regionales de defensa, empezando por los países vecinos, especialmente Ecuador, Panamá y Venezuela, que han vivido y sufrido los efectos colaterales por la violencia, las fumigaciones anti ecológicas y los desplazamientos forzados.

 

Esta circunstancia, más que explicar, justifica que Ecuador y Venezuela hayan acogido las negociaciones con las FARC y el ELN y que, en un contexto más amplio, hayan estado vinculados a los mismos esfuerzos de otros países de la región como Brasil, Chile, y Uruguay. Este último, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de UNASUR, y con el apoyo de la Secretaria General, tuvo una participación activa en el desescalamiento militar, y abrió las puertas para que se estableciera, en los acuerdos de La Habana, la participación del bloque en la implementación y desarrollo de los nuevos acuerdos relacionados con la participación ciudadana. En mi condición de expresidente de Colombia y Secretario General de UNASUR, participé en algunas gestiones relacionadas con la facilitación de las negociaciones. 

 

Como tercera economía latinoamericana, la paz en Colombia contribuirá a superar la crisis que golpea a la región. Se calcula que los beneficios directos o indirectos de la paz, traducen posibilidades de crecimiento futuro cercanos al 2% del PIB, equivalente al costo de la guerra.

 

Las amenazas más preocupantes a la seguridad regional tienen que ver con la presencia, cada día más evidente, de nuevas amenazas globales como el narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático, la trata de personas y el crimen organizado que aprovecha y controla los mercados ilícitos, nichos de actividades ilegales. Asimismo, con las riesgosas políticas de la administración de Donald Trump y el avance raudo de unos poderes fácticos que están comprometiendo la gobernabilidad democrática.

 

En el pasado, algunas de las administraciones demócratas en los Estados Unidos, apostaron por acercamientos constructivos que favorecieron la integración interamericana. Franklin D. Roosevelt inmortalizó la idea de una política de buena vecindad como un derrotero al que se podía aspirar en todas las relaciones con el hemisferio. La Alianza por el Progreso de John F. Kennedy, supuso un desarrollo conjunto desmontando la idea de propósitos incompatibles, y con James Carter prevaleció la promoción efectiva de los derechos humanos. Obama, por su parte, abrió las puertas a un nuevo relacionamiento con Cuba y apostó a los acuerdos de paz en Colombia.    

 

Con la llegada inesperada de Trump y su intención, ya confirmada en órdenes ejecutivas, de convertir sus prioridades internas -protección de las industrias nacionales, aplazamiento y revisión de acuerdos de libre comercio, medidas de fuerza contra los migrantes como el muro con México-  en prioridades internacionales, las relaciones interamericanas quedaron bajo seria amenaza. Contrasta esta actitud agresiva y desafiante del Presidente Trump con el preocupante silencio de los países latinoamericanos.

 

Como agravante de esta situación, aparecen los poderes fácticos. A medida que los sistemas de representación política tradicionales, han perdido su capacidad de representar las aspiraciones ciudadanas, nuevos actores políticos han surgido impulsados por el gran capital. Se trata de actores que hacen política sin asumir ninguna responsabilidad frente a los ciudadanos. Hicieron sentir su presencia en Brasil, donde el Congreso desconoció el derecho al debido proceso de la Presidente Dilma Rousseff, y la despojó de su investidura para dar paso a un proyecto político contrario al votado por más de cincuenta millones. Estos poderes causaron estragos en la legitimidad democrática en Bolivia y Colombia, con ocasión de los plebiscitos presentados para aprobar la reelección del Presidente Evo Morales, y refrendar los acuerdos de paz de La Habana. En los dos casos, el despliegue de estos poderes ilegítimos fue evidente, y empoderó a los partidarios del NO –ese NO que carga el demonio según sintetizó un columnista argentino–.

 

Para concluir, la gobernabilidad democrática latinoamericana se encuentra amenazada por la crisis económica, los programas de ajuste social que pretenden conjurarla y el avance de  nuevos poderes extra constitucionales. La experiencia exitosa de la paz en Colombia, es una buena noticia que devuelve la confianza en las posibilidades que tiene América Latina para superar estas dificultades, como ya lo ha hecho en el pasado. 

 

*Este ensayo constituye una versión resumida de un capítulo que hace parte del libro 'Cara y sello de los gobiernos progresistas del SUR', editado por el exministro Carlos Ominami.

 

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