El concepto de ciudadanía en Suramérica (II)

April 17, 2017

 

En la América Hispánica el concepto de ciudadanía se fue construyendo a través de la identidad de hibridación (García Canclini) resultante  del mestizaje como fragua étnica, el sincretismo como encuentro de religiones y el movimientismo como escenario de resolución de diferencias sociales que perfilaron una forma de ciudadanía identitaria producto del multiculturalismo. Esta noción, mucho más amplia, de ciudadanía está contenida en la definición de ciudadanía suramericana propuesta por un Grupo Conceptual designado por los Presidentes de Suramérica para abordar el  proyecto de construcción de una nueva ciudadanía en la región.

 

“La ciudadanía- [afirmó el Grupo] es la condición progresiva de acceso  derechos, deberes y obligaciones por parte de los ciudadanos y ciudadanas de UNASUR. ES una ampliación no sustitutiva de las ciudadanías nacionales. Así mismo, es la condición de identidad, pertenencia y arraigo a la tierra suramericana, a sus tradiciones y costumbres, a sus culturas diversas, a sus lenguas e idiomas y a sus cosmovisiones, cuyo fundamento es la historia compartida de los países de UNASUR” ( UNASUR, 2014).

 

En 1973, el Convenio Simón Rodríguez de la Comunidad Andina habló de migraciones laborales a partir del concepto de libre circulación de trabajadores en el espacio andino. Otros instrumentos andinos, precursores de la integración suramericana, establecieron la posibilidad - hoy aceptada por casi toda la región surafricana- de utilizar el documento nacional de identidad, para viajar entre los países del área y obtener una visa de turismo hasta por 90 días.

 

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Por fortuna, mientras esto sucedía, también se institucionalizaba el concepto de libre movilidad humana como parte de la política migratoria intrarregional.  A comienzos de siglo, se comenzó a hablar en MERCOSUR sobre la migración como parte de la movilidad humana que implicaba una ciudadanía de derechos. Algunos países, siguiendo el espíritu  del “Acuerdo de Cónsules” de 1911 suscrito entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, introdujeron el concepto de protección consular de nacionales en el exterior en momentos en que las políticas migratorias europeas comenzaban a endurecerse. Derechos como el de la integración familiar, los  giros de remesas del extranjero a los países de origen, y el acceso a  servicios sociales como educación y salud por parte de los suramericanos en el exterior, entraron en las agendas externas de los países. MERCOSUR reglamentó el “permiso de residencia” que, extendido a todos los países de la zona, permite a cualquier suramericano (independientemente de la condición de trabajador que se le exigía antes) hacer efectivo su derecho de permanencia en cualquier país de la región, hasta por dos años con la simple acreditación de su nacionalidad y antecedentes judiciales.

 

Actualmente, tres millones de suramericanos ejercen este derecho de residencia que incluye la posibilidad de disfrutar de todas las garantías que concede cada país a sus nacionales.

 

La  Ley de Movilidad Humana de Ecuador

 

La reciente Ley de Movilidad Humana de Ecuador plantea un  manejo más integral del fenómeno migratorio comenzando por su regulación. En desarrollo del precepto constitucional que consagra el principio de la ciudadanía universal,  la libre movilidad en todo el planeta y “el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países especialmente Norte- Sur “ ( Articulo 416 de la Constitución del Ecuador) abre las puertas a la migración, que define como un derecho a tener derechos entre los cuales consagra el de la reunificación familiar a través de familias transnacionales, el de  recibir servicios sociales y, por supuesto, el de trabajar en totales condiciones de igualdad con los trabajadores nacionales. El Estatuto prohíbe cualquier criminalización de la migración irregular, y deja claro que cualquier falta en los procedimientos se considera administrativa y no penal.

 

También plantea el enfoque diferenciado de la migración buscando privilegiar las personas en estado de vulnerabilidad, y consagra novedades como la naturalización de los apátridas que supone el restablecimiento de sus derechos. Inclusive, acepta la participación política de los migrantes como electores y elegidos en algunos casos, y otorga un tratamiento especial a los ciudadanos suramericanos, convirtiéndose en el primer país de la región que adhiere constitucionalmente al concepto de ciudadanía suramericana.

 

La protección consular de los derechos

 

El proyecto de Protección Consular pretende hacer realidad, a través de los más de mil consulados que tienen los países miembros en el mundo, los derechos básicos de los migrantes suramericanos: el derecho a salir de la región, a permanecer por fuera de ella en condiciones dignas,  a recibir asistencia jurídica o apoyo humanitario en caso de contingencias personales, y el derecho a retornar a casa. Para la aplicación de estos derechos, UNASUR ha diseñado una Plataforma Informática, PACSUR, que permite a cualquier persona ubicar, a través de una aplicación de simple manejo en un teléfono móvil, la localización exacta de todos los consulados suramericanos en el exterior.  

 

La COMUNIDAD ANDINA y MERCOSUR han expedido normas hoy vigentes y extensibles a toda Suramérica, mediante las cuales los migrantes  de la región cuyos países no tengan representación diplomática, pueden acudir a cualquier oficina consular suramericana a solicitar unos servicios básicos de asistencia. Existen, además, disposiciones normativas que protegen estos derechos a nivel internacional, como la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1990. En el instrumento se definen las bases de  una política migratoria universal ajustada al respeto de los derechos humanos.

 

El desarrollo del  concepto de ciudadanía como derecho inherente a una nacionalidad ha comenzado a concretarse en Suramérica con la Decisiones 503 y 504 del Consejo Andino de Relaciones Exteriores  (extendida a toda la región), para aceptar los documentos nacionales de identidad de los países suramericanos como pasaporte.  

 

El pasaporte andino se complementa con visas de turismo para conocer la región hasta por 90 días, ventanillas especiales en los puertos y aeropuertos, para atender de maneras preferencial a los ciudadanos suramericanos y tratamientos especiales para los trabajadores migrantes que laboran en zonas fronterizas. En la misma dirección, apunta la Decisión No. 16/03 de Mercosur (extendida por asociación a toda la región) de un Permiso de Residencia Temporal que empezó como una residencia laboral y hoy permite a todo ciudadano, con la simple acreditación de su condición de nacional, residir en cualquier país de Suramérica. Este “permiso de residencia”  puede llegar a convertirse en la visa Schengen suramericana. Hoy, más de tres millones de suramericanos están haciendo uso de ella.   

 

Los derechos de los presos latinoamericanos en cárceles asiáticas. 

Un tema  muy sensible en este campo consiste en la protección jurídica de los detenidos latinoamericanos en cárceles asiáticas, especialmente de los procesados por tráfico de drogas. Uno de los puntos de mayor controversia en el debate ocurrido en la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2016 convocada por solicitud de algunos países, (México y Colombia entre ellos), para estudiar políticas alternativas frente al problema mundial, fue la posición adoptada por algunos países asiáticos, liderados por la China, de insistir en penas capitales o sentencias de cadenas perpetuas para delitos relacionados con ese tráfico. Este tipo de normatividad está prohibida de forma tajante en el ámbito internacional, y no está contemplada en las legislaciones penales de los países de origen de quinees trasgreden la ley antidroga.

 

La importancia de excluir la pena capital de la normatividad punitiva asiática en contra de las ofensas relacionadas con las drogas, se volvió a hacer presente hace muy pocas semanas cuando fue ejecutado en China, mediante la aplicación de una inyección letal, el periodista colombiano Ismael Arciniegas de 72 años de edad, acusado de haber introducido cuatro kilogramos de cocaína, convirtiéndose talvez en el primer latinoamericano ejecutado en China por delitos relacionado con las drogas.

 

El caso se extiende a otros países asiáticos, como Indonesia donde en los últimos años, fueron ejecutados los ciudadanos brasileños Rodrigo Gularte y Marco Archer Cardoso Moreira. Aunque se desconoce la cifra exacta de suramericanos condenados a la pena perpetua o capital –algunos países de Asia y África no publican esos datos-,  el castigo de los infractores latinoamericanos por drogas, se ha convertido en una excusa para exacerbar sentimientos nacionalistas y xenófobos. 

 

La Migración Forzada 

 

El proyecto de atención de la migración forzada se ocupa del grave problema de aquellas personas que son  “obligadas” a migrar de sus países como consecuencia de desastres naturales, guerras civiles, conflictos armados , gobiernos de facto, discriminación étnica o religiosa, tráfico de personas como la prostitución, la esclavitud o la venta de órganos. En la solución de esta problemática se asigna especial consideración al problema de los refugiados, asilados y apátridas. El fenómeno de los migrantes forzados comenzó a hacerse mucho más visible a partir de 2000, con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que controlaba éstos tráficos ilícitos. Más tarde, se reforzó con la firma del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y de niños, los más afectados, según las estadísticas mundiales, por este tráfico inhumano.

 

De los 244 millones de personas que se mueven anualmente en el mundo, 59.5 millones lo hacen de manera forzada. Se trata de 19.5 millones de refugiados, 38.2 millones de desplazados internos y  1.8 millones solicitantes de asilo. Los mayores movimientos forzados en América Latina, se producen por los desplazamientos masivos de haitianos hacia República Dominicana, cubanos hacia los Estados Unidos y  colombianos ( alrededor de cinco millones)  desplazados por la violencia resultante del conflicto armado que, por fortuna, está en vía de solucionarse. El número de asilados, como figura típica del derecho americano, también es alto. La migración forzada también obedece a razones políticas y económicas, no necesariamente catastróficas, que deben ser consideradas.

 

“La migración forzada- como recientemente señaló Noam Chomsky en una conferencia dictada en Barcelona, es en  gran medida consecuencia de las propias acciones de Europa y de Estados Unidos”, como sucedió con los cuatro millones de desplazados que produjo la invasión de Irak, por parte de los Estados Unidos. La trata de personas para explotación sexual y trabajo forzoso es responsable de una parte importante de la migración forzosa de latinoamericanos hacia otras regiones del mundo, por ejemplo, las 600.000 mujeres dominicanas y 75.000 brasileñas que han sido obligadas, según Naciones Unidas, a prostituirse en Europa.

Las políticas para responder al tremendo desafío de contener este tráfico inhumano, según el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de MERCOSUR,  tienen que ver con los mecanismos de control y vigilancia del fenómeno en cada país, la creación de redes de atención de sus víctimas, las iniciativas regionales  para la promoción de sus derechos, y su reinserción y la garantía de su acceso a la justicia.

 

La movilidad de las personas como factor de globalización e integración.

En un mundo obsesionado por la libre circulación de bienes, servicios, capitales, tecnología  y datos como parte del proceso globalizador, resulta una infeliz paradoja que solo al factor trabajo se le restringa para circular cuando es, precisamente , la movilidad de las personas, la que le conviene a los países en desarrollo para jugar en los escenarios globales. Aún para los más exigentes pensadores marxistas que hablan de la existencia de países periféricos que estarían exportando plusvalía a través de la transnacionalización de sus economías, es claro que es preferible tener flujos internacionales de trabajadores migrantes regulados y con derechos iguales a los de los trabajadores nacionales, que sometidos a su explotación  por cuenta de políticas discriminatorias y criminalizantes. 

 

Sin  movilidad de personas no hay integración regional. Como factor de integración global, la libre movilidad de los trabajadores permite que la ventaja comparativa de una mano de obra,  no calificada, relativamente más barata que en los países industrializados, pueda ser exportada y los frutos de su utilización repatriados a través de las remesas internacionales. El monto de los giros enviados por los latinoamericanos a sus países , que representan el  1% de su PIB ha sido estimado en 61.200 millones de dólares anuales de los cuales 21.000 millones provenientes de Estados Unidos, podrían verse afectados por las nuevas políticas anti migratorias del Presidente Trump. Las remesas equivalen al 70% de la inversión extranjera en la región, y cinco veces más que la ayuda oficial que recibimos para nuestro desarrollo. Aunque es entendible la preocupación de algunas organizaciones internacionales por el destino productivo de los giros, es claro que el efecto de aumento de la demanda que producen, constituyen un poderoso elemento dinamizador de las economías donde llegan.

 

Y aunque sería deseable que una parte considerable de dichos giros – como desean los bancos internacionales, seguramente para reciclarlas – se invierta en pequeñas y medianas empresas o en activos inmobiliarios, no se puede llegar al extremo de condicionarlos a la adquisición de activos. Sería tan absurdo como pedirle a un obrero peruano que manda desde España el dinero para la supervivencia de su familia en Cuzco, que el giro salvador sea aplicado a la compra de un inmueble y no del mercado diario.

 

La movilidad de la mano de obra calificada, que antes se llamaba “fuga de cerebros”, plantea la necesaria apropiación internacional del esfuerzo realizado por los países en desarrollo de profesionales que se convierten en  migrantes calificados. En los países de la OCDE se estima que 12.9 millones de profesionales provienen de países en desarrollo. En los Estados Unidos, un 70% de los quienes culminan Doctorados provienen de países en desarrollo. Menos del 30% de los profesionales latinoamericanos que viajan a Francia a especializarse regresan a sus casas. El diseño de redes científicas y proyectos tecnológicos para evitar que estos profesionales emigren en busca de oportunidades de trabajo o conseguir que regresen a sus países, cuando han  perfeccionado su formación, es fundamental para revertir este costoso proceso de migración regional.

 

Para leer el documento completo, dé clic aquí

 

La movilidad de personas, a nivel regional, funciona como un valor agregado a través de las cadenas sociales de producción, que asocian de manera incluyente factores de producción como la tecnología, la infraestructura, el ahorro y, por supuesto, la mano de obra.

 

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