De la integración a la convergencia, una oportunidad irrepetible para América Latina

La región ha vivido transformaciones importantes durante los últimos años, y el concepto de integración pasó de la visión simplista de movilidad de bienes y servicios a una sectorial de materias prioritarias como infraestructura, tecnología e innovación. Un paso más allá, se ha planteado la necesidad de coordinar políticas públicas en la preservación de la paz, la continuidad democrática o la garantía efectiva de la vigencia de los derechos humanos.

 

Su convergencia alrededor de un proyecto regional de globalización, en momentos en que el mundo se orienta hacia una configuración multipolar y las viejas hegemonías pierden vigencia, parece tener una particular relevancia. A partir de un nuevo esquema de integración que resultaría de una convergencia, América Latina, sin la interferencia de Estados Unidos, podría desempeñar un papel distinto en el mundo.

 

Debemos superar el escenario actual de varios procesos subregionales pues la opinión se preocupa justificadamente por la coexistencia de distintos procesos y mecanismos que, aunque son de origen histórico distinto, superponen espacios de relación entre países. La solución para superar esta dificultad no consiste suprimir organismos, sino en buscar su convergencia al sumar esfuerzos, suprimir duplicidades y preservar campos de especialización.

 

Los países del hemisferio han buscado impulsar distintas formas de acercamiento económico, político y social. La Celac establece un sistema de preferencias arancelarias para los 33 países latinoamericanos, que sienta las bases para un desarrollo productivo compartido y viabiliza la participación de la sociedad civil en el desarrollo de sus políticas. Aladi ha establecido una red de relacionamientos preferenciales de comercio y ha empezado recientemente a incursionar en la competitividad y temas como el desarrollo de la infraestructura y la profundización de los sistemas de conectividad. La CAN conserva un patrimonio de institucionalidad representado en entidades como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Tribunal Andino de Justicia, el Convenio Andrés Bello y el Parlamento Andino. Mercosur ha recuperado su dinámica mostrando avances en la construcción de un mercado común, el desarrollo de proyectos de infraestructura, la cooperación técnica para el desarrollo y la movilidad socio laboral (Gonzalo Rodríguez, Unasur, Guayaquil).

 

El ALBA ha desarrollado programas de solidaridad a través de Petrocaribe, Telesur y la lucha contra el virus del ébola en África. La Alianza del Pacífico ha mostrado un interesante dinamismo en formas ágiles de integración comercial y bursátil, la creación de nuevos escenarios y procedimientos en materia financiera, la unificación de la asistencia diplomático-consular, programas de posgrado en materia educativa, y actividades conjuntas de promoción comercial basadas en alianzas empresariales. De igual forma, se ha insistido en la expedición de visas para estimular el turismo. Unasur, como escenario político, ha avanzado en su preservación como zona de paz, la profundización de la democracia y el goce pleno de los derechos humanos.

 

Algunos de estos antecedentes llevaron a los mandatarios suramericanos a proponer en la más reciente Cumbre de Unasur de Guayaquil y Quito, de diciembre del 2014, la conformación de una Mesa de Convergencia para establecer escenarios de trabajo.

 

La matriz de convergencia

 

Los organismos subregionales conformaron la Mesa de Convergencia que, reunida en cinco ocasiones en la sede de Unasur en Quito, construyó una “matriz de convergencia” para identificar iniciativas comunes.

 

A través de la matriz se identificaron duplicidades para eliminar, como normas relacionadas con acuerdos arancelarios y sistemas de protección de la inversión extranjera. Esta coincidencia en el último punto fortaleció la iniciativa, trabajada durante varios años, de crear un mecanismo regional de solución internacional de controversias.

 

De otra parte, un caso positivo de convergencia ha sido la adopción por casi todos los países suramericanos del permiso temporal de trabajo establecido por Mercosur, que permite a cualquier trabajador suramericano, con la cédula de ciudadanía y el pasado judicial, trabajar en cualquier país hasta por dos años renovables de manera indefinida. Incluso en Uruguay el mismo se otorga de manera permanente. En el 2012 y gracias a esta visa de trabajo, 780.000 suramericanos se habían beneficiado según el alto comisionado de Mercosur, Florisvaldo Fier.

 

La Matriz que surgió de las mesas de trabajo arrojó resultados sorprendentes sobre los temas que serían susceptibles de ser incorporados en políticas comunes. En la Comunidad Andina se destacó su posibilidad de dictar medidas (Acuerdos) con validez supranacional inmediata, y su pertinencia en temas como promoción de turismo, manejo de desastres naturales y desarrollos binacionales de frontera. Se destacó el importante valor de Mercosur en derechos humanos a través del Instituto de Políticas Públicas en derechos Humanos (IPPDH), las políticas de promoción de pequeñas y medianas empresas y el aún incipiente, pero significativo, fondo de financiación de proyectos comunes de infraestructura. El ALBA se destaca por los casos de solidaridad ya comentados. La Alianza del Pacífico sobresale por sus esfuerzos de coordinación de sus puntos de representación diplomática en el exterior, mientras que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que agrupa los países de Suramérica con vocación amazónica, mostró importantes avances sobre la asimilación de la biodiversidad. Finalmente, Unasur destacó su papel integrador en temas como la preservación de la paz, el sostenimiento de la continuidad democrática a través de sus misiones electorales, la formulación de políticas alternativas en materia de lucha contra las drogas, y el diseño de políticas públicas sectoriales a través de sus Consejos.

 

La movilidad como propósito de la integración

 

El derecho a la movilidad de los 400 millones de suramericanos tiene que ver con sus posibilidades de salir y regresar a su país, circular dentro de la región, trabajar en cualquier sitio, desplazarse con las garantías de seguridad social, estudiar, trabajar profesionalmente, recibir protección consular y participar políticamente (al elegir y ser elegido), bajo el esquema de ciudadanía suramericana.

 

La movilidad de bienes y servicios se refiere a la conformación de una zona de integración económica a partir del incremento del comercio intrarregional, la dinamización de los flujos internos de inversión para el desarrollo, la incursión en la logística de servicios asociada con el comercio y la creación de cadenas sociales de valor que ayuden a superar la condición extractivista del modelo primario de desarrollo suramericano y mejoren los niveles de inclusión social. Estas cadenas de generación de valor tienen que ver, esencialmente, con el proceso de reindustrialización regional; la creación de nuevas empresas, particularmente Pymes; el procesamiento de recursos naturales como los energéticos y bio-originarios, y las cadenas agroindustriales.

 

La movilidad de capitales está relacionada con la nueva arquitectura financiera regional, que permitirá, a través de un rediseño institucional de los entes financieros actuales y la sincronización de las funciones que cumplen, atender las necesidades de financiamiento contracíclico de las balanzas de pagos, canalizar recursos crediticios hacia proyectos productivos y de infraestructura y atender de manera oportuna el aumento de los flujos comerciales internos y externos. 

 

Dichos propósitos se podrían concretar en tres agendas que tengan como derrotero un nuevo relacionamiento.

 

Las tres agendas

 

La agenda social tiene como propósito fundamental la inclusión. Los resultados notables que ha conseguido la región en la reducción de sus niveles de pobreza –cercanos hoy al 21 %– deben estar acompañados de una reducción de los altos niveles de desigualdad que afectan las condiciones de vida de 412 millones de suramericanos que representan el 5,6 % de la población mundial y cuyo perfil demográfico futuro señala cambios que deberán ser tenidos en cuenta, como el aumento progresivo de la esperanza vida consistente con el envejecimiento de la población (entre el 2015 y el el 2025 la población mayor de 65 años será del 15,5 %). Temas como la reducción de la informalidad laboral y la corrección de asimetrías de género deben formar parte del nuevo catálogo de preocupaciones solidarias propias de la propuesta de convergencia. Los mandatarios regionales deberían suscribir compromisos claros como el aumento de la participación de la inversión social en el PIB, que hoy está en 16 % frente a otras regiones como Europa, donde sobrepasa el 26 %.

 

La agenda económica debe resolver el reto complejo de mejorar las condiciones de competitividad a través de la creación de infraestructura, el desarrollo tecnológico, la conectividad, la financiación del desarrollo, la ampliación del comercio intrarregional y, como resultado de todo ello, una mayor integración física y geográfica.

 

Llegó el momento  de repensar el modelo de desarrollo regional para sacarlo de su condición extractivista y encontrar, a través de políticas que favorezcan la reindustrialización, la recuperación del sector agrícola, el desarrollo de nuevos campos de innovación en materia de ciencia y tecnología, el fomento de las pequeñas y medianas empresas de manufactura y el aumento del comercio intrarregional apoyado, un nuevo paradigma de desarrollo que conjugue, como ha sido nuestra vieja aspiración, crecimiento e inclusión.

 

El objeto de la agenda política es la profundización del proceso de democratización regional a través de una mayor participación y la ampliación del protagonismo de la sociedad civil. Este propósito se alcanzará, a través del fortalecimiento y la modernización de los procesos electorales, la creación de espacios de empoderamiento comunitario, la vinculación de los parlamentos y los movimientos sociales al proyecto político de la convergencia, y la sostenibilidad de los programas de inclusión social que forman parte de la agenda social. Como ejes de transversalización se proponen la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la vigencia de los derechos humanos.

 

La equidad de género pretende nivelar uno de los sectores más afectados por la tendencia estructural a la desigualdad social: las mujeres. Las mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, ganan el 73 % del salario de los hombres y representan la cuarta parte de los trabajadores por cuenta propia. La exclusión laboral, como la cultural en Asia y la social en África, constituye la forma de discriminación más extendida en América Latina.

 

La sostenibilidad ambiental tiene que ver con la paradoja de que a pesar de haber sido la región con mayor protagonismo en la consecución de procesos normativos globales sobre la protección al medio ambiente y ser el eje de la biodiversidad planetaria, aparece como una de las regiones más depredadoras de bosques –en una década destruimos el 9 % de nuestras reservas forestales–. En este plano urge una nueva gobernanza ambiental.

 

Finalmente, los derechos humanos aparecen como el gran referente ético del nuevo proyecto de inserción internacional de la región.

 

Los principios articuladores de la convergencia

 

La diferencia de fondo entre el proceso europeo y el latinoamericano es que mientras Europa aspira a convertirse en región, Suramérica es una región que busca integración. La convergencia de los subsistemas suramericanos se facilita con las compatibilidades naturales, históricas y económicas. Sus visiones se nutren, en sus orígenes, de usos y costumbres de las poblaciones originarias sometidas a procesos de colonización. Solidaridad, complementariedad e identidad pueden ser aceptados como principios inspiradores de una nueva convergencia.

 

La solidaridad apunta a la necesidad de tener en cuenta las profundas asimetrías regionales, sociales y laborales que caracterizan las estructuras de desarrollo nacional y se busquen formas de compensación incluyentes a la usanza de los fondos de cohesión europeos. Petrocaribe, liderado hoy por el ALBA; el fondo de convergencia Estructural del Mercosur, y el Fondo de Iniciativas Comunes de Unasur, aparecen como mecanismos precursores de nivelación regional. Una convergencia que no ataque los desequilibrios sociales replicaría un mapa de brechas.

 

La complementariedad facilita el acercamiento de las economías nacionales y está asociada a las posibilidades futuras de competitividad regional. Desde la Colonia, la región ha vivido un modelo extractivista de desarrollo habituada a explotar la tierra sin agregar valor. Circunstancia que explica la desindustrialización preocupante de los últimos años.

 

Desde el 2010, la participación de la industria en el PIB ha experimentado un franco declive, al pasar del 14,5 % en el 2013 a ubicarse apenas por encima del 13 %, según datos de la Cepal. Las cadenas de valor, como su nombre lo indica, agregan valor a los recursos naturales y sientan las bases para una nueva matriz productiva basada en ventajas competitivas.

 

Las cadenas de valor se convertirían en motores endógenos de crecimiento, según el término cepalino, que liberarían la región de un dependentismo que, como en las épocas del modelo de sustitución de importaciones, se debe superar eliminando barreras producidas por factores externos a la región.

 

Uno de los indicadores más importantes sobre la complementariedad tiene que ver con el comercio intrarregional, que en el mercado europeo supera el 50 % del comercio exterior de Europa, y en América Latina está estancado desde hace muchos años en cifras vecinas al 20 %. En la Celac representa el 18,9;%, en Unasur, el 21,9 %; en la CAN, el 7,3 %; en Mercosur, el 13,4%; en Aladi, el 16%; en el ALBA, el 5,9 %, y en la Alianza del Pacífico apenas el 3,8 %.

 

Las mejoras en complementariedad económica van de la mano con una nueva infraestructura física, que representa actualmente menos del 3 % del PIB cuando en los años 1980 esta misma proporción pasaba del 4 %. Hoy requeriría del 7,9 % para seguirles apenas el paso a los países asiáticos. El avance de megaproyectos de interés regional como el corredor amazónico, la carretera Caracas-Buenaventura, el ferrocarril bioceánico de Bolivia o el sistema fluvial del río de la Plata resultan prioritarios en la tarea de consolidar esta nueva Zona de Convergencia Regional.

 

Finalmente, la identidad constituye otro principio de integración. América Latina se caracteriza por profundas raíces históricas en materias étnica, idiomática y racial, resultantes de sus ancestros comunitarios, del mestizaje y del sincretismo religioso que marcó el proceso de la independencia del colonialismo. El desarrollo de un fuerte movimientismo social que canalizó el descontento evitó que las desigualdades generadas por la Conquista, la evangelización y el dominio colonial se tradujeran en confrontaciones violentas. Hacia el futuro, la región se debería unificar alrededor de tres objetivos fundamentales: preservar su condición pacífica en un mundo atravesado por confrontaciones étnicas, religiosas e ideológicas propias de la Guerra Fría; adherir a los principios democráticos como se han confirmado en más de cien elecciones durante los últimos 40 años, y su más reciente compromiso con el respeto de los derechos humanos.

 

La convergencia como proyecto de globalización

 

El mundo camina abiertamente hacia una globalización desinstitucionalizada. Los nuevos megabloques – Estados Unidos, Europa, Asia y China– con los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) definirán las normas del futuro intercambio comercial y la entrada en vigencia de temas como conocimiento, conectividad, servicios y financiación.

 

La política de convergencia debe formar parte de la estrategia internacional de los distintos subsistemas de integración, cuya primera prioridad sería el acercamiento de los subsistemas regionales a través de una coincidencia de sus políticas públicas y buenas prácticas. La sombrilla de este primer nivel de acercamiento debería ser la Celac dotada de una Secretaría Permanente y un presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario General ejecutaría la política de dispuesta por el Consejo de Cancilleres Latinoamericanos por delegación de los presidentes.

 

En el plano económico, la Secretaría de la CELAC validaría los acuerdos económicos existentes entre países y subsistemas, para hacerlos compatibles en sus objetivos y haría especial énfasis en nuevas políticas de complementación y diversificación productiva a través de acuerdos regionales sobre el aprovechamiento del conocimiento, la tecnología, la construcción de infraestructura y una nueva política educativa. Así, convertiría su razón de ser en la defensa de los derechos humanos, la preservación de la paz y la continuidad de la democracia. La agenda de seguridad regional se ocuparía del narcotráfico, el armamentismo, el terrorismo, la trata de personas y el calentamiento global.

 

Una tarea prioritaria consistiría en un nuevo marco para la relación con Estados Unidos que reemplace el anacrónico sistema interamericano que ha perdido fuerza y capacidad de convocatoria, manteniendo instrumentos valiosos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta nueva relación partiría de principios como la no intervención en los asuntos internos Estados, la solución pacífica de controversias y el respeto del Derecho Internacional.

 

La propuesta de Tratado de Libre Comercio nacida de la Cumbre de las Américas de Miami de 1994 sirvió para comprometer a los países de la región con los temas que le interesaban a Estados Unidos como el desarme arancelario, la protección de sus inversiones y el reconocimiento de la propiedad intelectual. Sin embargo, nuestros temas no fueron considerados: la movilidad de los migrantes, el reconocimiento de la biodiversidad o el reconocimiento de las profundas asimetrías subregionales para la inclusión de principios de solidaridad que nivelaran diferencias sociales y regionales fueron relegados. Estados Unidos siguió resistiéndose a honrar instrumentos internacionales como el Tratado de San José sobre Derechos Humanos.

 

El destino internacional de la región consiste en fortalecer su relación con el Sur, es decir, con países africanos, árabes, y asiáticos. El comercio Sur-Sur ha pasado de representar el 8 % del intercambio mundial en la década de 1990, al 28 % en el 2012. En menos de una década, se podría superar el bloque de comercio de los países del norte global.

 

China tendría un lugar privilegiado en este espacio, pues ha avanzado en su acercamiento a la región y se ha convertido en el primer destino de las exportaciones de Brasil y Chile y el segundo de Perú, Cuba y Costa Rica; el tercer origen de exportaciones de América Latina y el Caribe (China y América Latina y el Caribe: hacia una relación económica y comercial estratégica, Cepal 2012). En la medida en que este nuevo relacionamiento económico se traduzca en sustancia política, la región tendrá mayores y mejores probabilidades de conseguir sus objetivos en materia global. Esta nueva agenda política debería incluir temas como la lucha contra las drogas, el respeto por los derechos humanos y los compromisos frente al calentamiento global.

 

Subsiguientemente, la región debería buscar una nueva agenda con la Unión Europea que supere los acuerdos actuales de inversión y comercio, para incluir temas como el calentamiento global, la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos, las migraciones y la construcción de ciudadanía. La diversificación de la agenda política regional de América Latina y Europa es fundamental para “equilibrar” la región y el entorno global.

 

Finalmente, la convergencia debe apuntar hacia una reforma del sistema de Naciones Unidas que desde hace varios años duerme el sueño de los justos. A pesar de todos los esfuerzos por diseñar un sistema más acorde con las nuevas exigencias de la globalización, los subsistemas tradicionales siguen mostrando su incapacidad para administrar un

nuevo relacionamiento multipolar.

 

El subsistema social viene de capa caída con los frecuentes recortes de sus organismos para concentrar los mayores esfuerzos en operaciones militares de mantenimiento de la paz. El subsistema político, por su parte, sigue anclado en el debate interminable sobre el reparto de poderes entre una Asamblea en la cual participan todos los países, pero que no decide nada, y un Consejo de Seguridad con derecho a veto y permanencia indefinida para cinco de sus integrantes.

 

Por ende, la reforma de Naciones Unidas debe formar parte de la nueva política de convergencia hemisférica.

 

Epílogo: las oportunidades están adentro

 

No habrá momento más propicio para poner a andar la convergencia en América Latina. La región viene de una época de transición y ha logrado reducir en casi cien millones el número de pobres, ha avanzado en sus niveles de crecimiento por encima del promedio mundial, y ha mantenido su proyecto democrático.

 

La región demostró que valores como la soberanía no son simples ficciones retóricas. América Latina marcó límites de autonomía en materias sensibles como la defensa, el manejo monetario, los derechos humanos, el mercado de medicamentos, el manejo del problema de las drogas a través de políticas alternativas y la fijación de límites al poder de las empresas transnacionales. Aunque el futuro económico no parezca tan promisorio como los primeros diez años de este siglo, en el horizonte no se avizora una situación recesiva, ni problemas serios en materia de equilibrios monetarios ni de pagos.

 

El proceso de convergencia debería partir de una evaluación de los recursos institucionales de cada proceso, el examen de su acción estratégica, las posibilidades de armonización normativa hacia el futuro en materias como homologación de títulos, competencia desleal, telecomunicaciones, procedimientos de comercio exterior, propiedad intelectual, transporte intermodal y binacionalidad.

 

Como resultado de todo lo anterior, llegar a la formulación de una nueva Visión Estratégica común que nos identifique como conjunto hacia el futuro. Para construir este camino de muchos accesos y una sola salida tenemos que deponer los egoísmos, desarmar los espíritus guerreristas, despolarizar las ideologías sin que nadie renuncie a la suya, y tratar de caminar juntos hacia el mismo objetivo como lo hicieron, en su momento, nuestros libertadores.

 

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