Ni legalización ni prohibición de las drogas ilícitas: hacia su descriminalización.

 

LA PROHIBICIÓN

 

Para profundizar en el fenómeno del manejo de las drogas ilícitas tenemos que empezar por entender la historia de su prohibición. A Adán y Eva no los echaron del paraíso porque fueran adictos al consumo de la manzana, o siquiera porque les gustara, sino porque estaba prohibida por disposición divina. Tan divina como machista porque responsabilizaba a Eva de haber hecho caer a Adán en la tentación de su consumo. Ninguno de los dos podía oponerse a un mandato absoluto negociando, por ejemplo, una dosis mínima de manzana por día. Se trataba de un acto irrefutable de poder. Con el tiempo, surgirían muchas otras “manzanas”, es decir, sustancias consideradas ilícitas sin que existiera una justificación objetiva para prohibirlas de manera permanente o definitiva.

 

Desde épocas antiguas, la prohibición del consumo social de ciertas sustancias ha sido el resultado de construcciones normativas que se imponen al colectivo, por parte de quienes detentan el poder. Esta circunstancia explica que drogas que hace unos años eran consideradas benéficas por sus poderes terapéuticos y anestésicos, como el opio y la coca, actualmente sean rechazadas por sus efectos alucinógenos.

 

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La prohibición actual, que hace pocos años cumplió un siglo de existencia, nació a raíz de las denominadas guerras del opio cuando Holanda, Estados Unidos y Francia, atraídos por las grandes ganancias de Gran Bretaña con sus plantaciones de amapola en India, comenzaron a abrir mercados para producir y vender opio en China. La enérgica oposición del mandarín Lin Hse Tsu, justificada en que tales sustancias “adormecieran” su pueblo, produjo una airada reacción del gobierno inglés contra lo que entonces consideró una “insoportable violación del principio del libre comercio”. Esto llevó a una invasión inglesa del territorio chino para obligar a ese pueblo a consumir el valorado estupefaciente.

 

Como resultado trágico de estas guerras, China perdió Hong Kong y los tratados firmados para terminar el conflicto marcaron el nacimiento del prohibicionismo internacional. La primera normatividad internacional contra las drogas provino de la Comisión del Opio de Shanghái (1901), integrada por trece países que convocó a una Conferencia Internacional en 1912 de donde surgió el primer instrumento prohibicionista multilateral; en últimas se puede decir que allí nació la interdicción que hasta hoy se mantiene.   

 

EL PROHIBICIONISMO

 

Durante los años 1920, Estados Unidos buscó convertir sus leyes internas sobre drogas ilegales en imperativos internacionales. Así sucedió con su lucha para combatir la producción y el tráfico de alcohol, iniciada en 1919, con la expedición de la llamada Ley Volstead. El fracaso de la prohibición del alcohol se comenzó a evidenciar cuando sus artífices se convencieron, después de una década de iniciada la medida, de que esta había aumentado el número de consumidores y de agentes involucrados en la corrupción.

 

 

"La prohibición del consumo social de ciertas sustancias ha sido el resultado de construcciones normativas que se imponen al colectivo, por parte de quienes detentan el poder" 

 

 

A partir de los años 1950, Estados Unidos pretendió convertir sus restricciones internas en una política multilateral en el seno de las Naciones Unidas. Primero vino la prohibición del consumo de marihuana y después el de cocaína que incluía el de la coca, consumida de forma masiva en la Coca-Cola, cuya fórmula mágica y desconocida parece que incorpora aún el extracto vivificante de la proscrita materia prima andina. 

 

Detrás de la prohibición norteamericana de las drogas ilícitas se esconde la pretensión de convertir su consumo en una “amenaza” que legitima la estrategia represiva internacional como parte del destino manifiesto de Estados Unidos para servir como promotor y guardián del bien en el mundo.  Desde que el presidente Richard Nixon declaró la lucha contra las drogas un problema de “seguridad nacional”, en 1971, los países productores se convirtieron en una especie de Vietnam donde Washington libraba las grandes batallas que paradójicamente ha perdido en su territorio, como se puede constatar al observar el consumo y la producción de marihuana.

 

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El privilegio internacional de poder influir en la decisión multilateral de determinar qué drogas se debían proscribir conllevaba la posibilidad para Estados Unidos y otros pocos países de dividir el mundo entre países productores y consumidores, para trasladar a los primeros, como ha sucedido con México y Colombia, el mayor peso y la responsabilidad en la lucha internacional prohibicionista.

 

Los conceptos que antes emitía la Organización Mundial de la Salud (OMS) para calificar las sustancias según sus propiedades intrínsecas fueron reemplazados por criterios políticos que determinan cuáles drogas son permisibles y cuáles no lo son. Esta consideración también explica por qué unas sustancias como el alcohol y el tabaco, cuyo impacto negativo sobre la salud es mayor que el de otras prohibidas como la marihuana, sean legítimas cuando deberían estar en los primeros lugares de la lista negra de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).  

 

 

 LA ECONOMÍA DE LAS DROGAS

 

Al margen de las discusiones políticas, los debates morales o las narrativas culturales, los argumentos más convincentes y racionales en favor de un cambio en la estrategia prohibicionista están en el plano económico. Autores de rigurosidad académica indiscutible, incluso laureados con el premio Nobel como Gary Becker (Its time to give up the War in Drugs, 2001), han desarrollado modelos reveladores sobre la economía de las drogas. La primera afirmación plantea que el mercado de las drogas ilícitas es atípico ya que no se rige por las reglas clásicas de oferta y demanda. Su condición ilícita, su carácter monopólico proveniente del poder geográfico de las organizaciones criminales que lo controlan y la ponderación del “riesgo” en la determinación final de sus utilidades consiguen que el mercado de las drogas ilícitas funcione según sus propias reglas.

 

Por ejemplo, en una demanda inelástica las cantidades consumidas no dependen necesariamente de los ciclos de precios. Cuando se produce la incautación de un cargamento de drogas de importancia, los precios al detal de las drogas no suben necesariamente como resultado de la escasez porque los narcotraficantes tienen la posibilidad de colocar, de forma rápida, nuevas existencias que compensan el desequilibrio, o bajar la calidad de la que distribuyen.

 

Los modelos de Becker demuestran además que los impuestos que se recibirían por una eventual descriminalización de las drogas compensarían ampliamente los gastos generados a partir del control coercitivo, al liberar fondos adicionales para desarrollar campañas de prevención y educación de los consumidores. California, por ejemplo, que acaba de legalizar la marihuana, aspira a recaudar US$2  billones en impuestos, sin incluir los beneficios del ahorro que obtendría por descongestionar las cárceles, licenciar policías y disminuir los costos de la presencia en el estado de las agencias federales.

 

EN BUSCA DE UNA POLÍTICA ALTERNATIVA ENTRE PROHIBICIÓN Y LEGALIZACIÓN: EL CASO DE AMÉRICA LATINA

 

La evidencia que nadie se atreve a contradecir, en medio de la polarización que genera el tema del tratamiento multilateral del fenómeno de las drogas ilícitas, es que la centenaria política de interdicción ha fracasado. Así lo demuestra la presencia de más de trescientos millones de consumidores de drogas naturales y sintéticas.

 

También se ha podido establecer el alto costo de dichas políticas, su ineficiencia y el daño social que están causando, lo que demuestra, una vez más, que el remedio puede estar resultando más costoso que la enfermedad. El mercado de las drogas, con el del petróleo, es uno de los más rentables del mundo. Como bien afirman los economistas dedicados al problema, no tiene sentido mantener una política pública cuyo costo es muy superior a los beneficios colectivos que produce.

 

 

"Los argumentos más convincentes y racionales en favor de un cambio en la estrategia prohibicionista están en el plano económico"

 

 

América Latina se encuentra entre los grandes perdedores de la política de interdicción internacional. La insistencia de algunos países, desde mediados de siglo, en atacar el mercado de las drogas ilegales en su “fuente”, es decir, controlando solamente la oferta de las mismas, concentró su lucha en los países latinoamericanos que tuvieron que enfrentar con escasos recursos institucionales y económicos la destrucción masiva de los cultivos ilícitos, la eliminación de los laboratorios de procesamiento, la expansión de rutas del narcotráfico abiertas por poderosas organizaciones criminales, la violencia y la corrupción generadas por los mismos. Ningún país de la región pudo sentirse libre del tremendo impacto que produjo la lucha contra las drogas ilegales sobre sus sectores agrícolas, sus niveles de delincuencia, la estabilidad de sus instituciones, sus posibilidades de crecimiento económico o, simplemente, el aumento peligroso del número de consumidores. 

 

Precisamente, estas contundentes evidencias llevaron a Colombia y a México a convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) para ocuparse, de forma exclusiva, del tema de la corresponsabilidad en la lucha internacional contra las drogas.  La Asamblea pretendía que hubiera, por lo menos, un reparto equitativo de las responsabilidades y de su financiación. En ese sentido, se debe reconocer que se avanzó considerablemente.

 

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Sin embargo, a comienzos del presente siglo, se notó con claridad que los cambios en el mercado de las drogas ilegales habían vuelto más permanentes sus consumidores, cuyo número había crecido en progresión geométrica; que las drogas de origen natural o botánico estaban siendo reemplazadas por las sintéticas; que la confusión entre países consumidores y productores, como ya se dijo, era totalmente evidente, y que los daños sociales que estaba causando la política de fiscalización en materias social, ambiental e institucional estaban rebasando los beneficios derivados de la supuesta solución al problema.

 

El camino estaba abierto para una nueva convocatoria de otra sesión especial en el seno de dicha asamblea, y tomar en consideración políticas alternativas al prohibicionismo.

 

América Latina recibió con razonable optimismo esta nueva oportunidad de considerar una política que le había generado tantos costos y sacrificios. En la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia en 2012, por primera vez se mencionó la revisión del tema como uno de los puntos de la agenda interamericana. Más tarde, los presidentes de los países suramericanos, reunidos bajo el paraguas de UNASUR, impartieron instrucciones claras para que se trabajara, como lo proponía la convocatoria de la Asamblea, una propuesta alternativa para llevar como producto de un consenso regional al encuentro global en Naciones Unidas.

 

La propuesta de UNASUR fue el resultado de un trabajo riguroso de muchos meses, del cual participaron grupos especializados de la región en salud, educación, prevención del delito, justicia y estabilidad macroeconómica.

 

"Era totalmente evidente, y que los daños sociales que estaban causando la política de fiscalización en materias social, ambiental e institucional estaban rebasando los beneficios derivados de la supuesta solución al problema"

 

El primer acuerdo de la propuesta, que fue consensuada por los doce países de Suramérica, consistía en encontrar una posición que no cayera en los fundamentalismos que enfrentaban a los grupos a favor o en contra de la fiscalización internacional. Un objetivo fundamental consistió en pasar del terreno subjetivo de lo moral al político donde impere la vigencia de los derechos humanos y, dentro de ellos, la salud, la vida, el trabajo y la libertad. Ni el fundamentalismo prohibicionista que cerraba todas las puertas, ni el fundamentalismo legalizador que dejaba en manos del mercado la regulación de problema tienen aislada y dogmáticamente una salida viable para el flagelo. Hablemos, por tanto, de la descriminalización del proceso, es decir, mantener el carácter sancionatorio, pero graduarlo en función y proporción de las responsabilidades de los distintos actores de la cadena de producción, distribución y consumo.

 

Para ello se debe distinguir claramente entre la responsabilidad de los actores sociales como eslabones débiles y la de los criminales que se lucraban directamente del proceso. Encontrar alternativas de resocialización distintas a la criminalización para los pequeños campesinos, los microtraficantes y los consumidores (recreativos, culturales y adictos) y concentrar los mayores esfuerzos en el combate contra los eslabones fuertes representados por las organizaciones criminales o carteles, nacionales e internacionales, así como en contra de los lavadores de utilidades provenientes de actividades ilícitas asociadas con el tráfico de drogas. Esto requiere de una transición prolongada, por esta razón se propuso un cambio gradual (evaluando modelos de manejo por países como los casos de Holanda, Portugal y Uruguay), selectivo (para distinguir entre actores, tipos de drogas, niveles de consumo, etc.) y concertado (manteniendo el escenario de negociación de Naciones Unidas).

 

Para enmarcar este enfoque se considera legítimo el derecho de cada país a introducir matices en sus políticas nacionales, pero sin perder de vista los tratados internacionales como marcos de referencia vigentes en materia de derechos humanos.

 

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"Hablemos, por tanto, de la descriminalización del proceso, es decir, mantener el carácter sancionatorio, pero graduarlo en función y proporción de las responsabilidades de los distintos actores de la cadena de producción, distribución y consumo"

 

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