Nueve violaciones al debido proceso en contra de Lula, que demuestran que es un preso político y que, por tanto, debe ser liberado de manera inmediata

 

*Artículo escrito por la Corporación Vivamos Humanos, organización dedicada a la construcción de paz en Colombia y centro de pensamiento en temas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

 

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva ha sido víctima de una implacable guerra jurídica -que comenzó con el golpe de Estado no militar a la Presidenta Dilma Rousseff- y cuya finalidad es impedir que él sea una alternativa en las próximas elecciones presidenciales.

 

Las encuestas muestran con claridad que, a pesar de esta cruzada en su contra, Lula sigue encabezando la opinión con un amplio margen (Folha de S.Paulo, 2017). La guerra desatada en su contra, que ha llegado al extremo de calificarlo como “comandante de una organización criminal” (The New York Times, 2017), forma parte de un fenómeno muy preocupante en la actualidad, que es la judicialización de la política, es decir, la utilización de los estrados judiciales y espacios mediáticos, para dirimir controversias y competencias que antes se daban en los escenarios democráticos.

 

Esta guerra jurídica es liderada por jueces y fiscales que actúan como protagonistas mediáticos de unos “poderes fácticos”, actores de la sociedad civil (grupos económicos, organizaciones no gubernamentales internacionales, conglomerados de comunicaciones, agencias calificadoras de riesgos, etcétera)  que están interviniendo en política, sin tener ninguna responsabilidad ni someterse a control institucional de sus actos (CLACSO, 2018). El análisis que se hace aquí, sobre las violaciones flagrantes del derecho al debido proceso del ex presidente brasileño, prueba de manera evidente que se trata de un preso político, y que el objetivo de su encarcelamiento es impedir que ejerza su derecho a ser elegido de nuevo como presidente de los brasileños.

 

Este preocupante repaso debe llevar a una reflexión mucho más profunda sobre el papel que puede y debe desempeñar la justicia en una democracia, los límites que tienen sus alianzas con los medios de comunicación y los peligros que enfrenta la estabilidad democrática frente a los “gobiernos de los jueces” que se están abriendo camino en varios países del mundo.

 

Las violaciones más evidentes al debido proceso del expresidente Luiz Inácio Lula son las siguientes:

 

1. Acusaciones sin pruebas

 

Hasta el momento no ha sido probada ninguna participación directa de Lula en los delitos por los que se le acusa. En el expediente de su proceso no aparece ninguna transacción financiera, conversación telefónica, ni documento que sustenten hechos delictivos. Como el hecho, muy publicitado en ciertos medios de comunicación, de la supuesta compra de un apartamento en el que jamás habitó,  registrado en una escritura a nombre de la constructora OAS que ha reconocido ser su propietaria. La ley brasileña tipifica el delito de corrupción como un trueque, es decir, un intercambio de “algo” (Código Penal, 1940). Ese “algo”, en el caso de Lula, nunca ha aparecido en el acervo probatorio que manejan sus investigadores.

 

2. Pruebas obtenidas ilegalmente, por tanto, falsas

 

Pruebas obtenidas de forma ilegal, inválidas en todos los sistemas penales, han ido configurando, con la ayuda de algunos medios enemigos del expresidente, una presunta culpabilidad de aquel por ocultación de patrimonio, lavado de dinero y corrupción. Como bien señala un análisis profundo compartido por decenas de abogados de todo el mundo y algunos centenares de intelectuales, el caso Lula demuestra que “se han vuelto peligrosamente banales las prisiones por mera sospecha; las conducciones coercitivas a declarar sin base legal; las filtraciones criminales de datos y la exposición de la intimidad de los investigados; la invasión no regulada de las comunicaciones personales, incluso las de los abogados; el cercenamiento de la defensa en procedimientos ocultos; las denuncias y sentencias basadas en acusaciones negociadas con los reos y no en la producción lícita de pruebas” (Comité de Defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y el expresidente Lula, 2016).

 

Se destaca el caso del testigo Leo Pinheiro quien, después de haber sido condenado a 26 años de prisión, aceptó testificar contra Lula a cambio de algunos beneficios. A pesar de que su declaración fue controvertida por otros 73 testigos, el juez Sergio Moro la validó como el único testimonio creíble.

 

3. Violación del principio de presunción de inocencia

 

Ante la falta de pruebas, el juez Moro ha recurrido a colaboradores informales, delaciones premiadas e imputaciones por “responsabilidades de contexto” que violan el principio universal sobre la presunción de inocencia, pues todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A Lula se le ha considerado culpable desde el comienzo del proceso y se le ha exigido que demuestre lo contrario. En este sentido, caracterizar los actos del expresidente como delitos sin una base fáctica razonable y establecer su responsabilidad sin el respeto de la índole objetiva del juzgador, invierte el principio universal de la presunción de inocencia. Es decir, que para su caso Lula es culpable a menos de que demuestre que es inocente.

 

4. Lula no está siendo juzgado por su juez natural

 

El largo proceso ha demostrado que Sergio Moro no es su juez natural, porque no está probada la vinculación de Lula al caso Lava Jato, que es el que le da al juez que avoca conocimiento de su competencia. El propio Moro admitió no tener jurisdicción directa sobre el expresidente. Adicionalmente, tras dos años de investigación, en que se han movilizado más de 300 agentes del Ministerio Público, no se han podido encontrar las pruebas que vinculen a Lula con el proceso del cual pretenden convertirlo en protagonista y responsable.

 

Salvo especulaciones mediáticas, no existen pruebas contundentes de su culpabilidad, la cual ha sido más divulgada y menos probada que la famosa historia del “secuestro largamente anunciado” de Gabriel García Márquez. El mismo juez Moro que lo vinculó al proceso es quien lo investiga y juzga. Circunstancia que hace evidente su obsesión por probar que su imputación inicial, ampliamente difundida por los medios enemigos de Lula, tenía los fundamentos de los cuales hasta hoy carece. Moro ha actuado como juez y parte en el caso Lula, otra violación grave del debido proceso.

 

5. Manifiesta parcialidad del juez. Prevaricato

 

En múltiples ocasiones, el juez Moro se ha pronunciado de manera pública y anticipada sobre el contenido de sus decisiones. Con claros propósitos políticos, una funcionaria ligada al caso Lava Jato ha llegado a calificar a Lula como “jefe de una poderosa organización criminal” para poder criminalizarlo (Roxin, 1972), al igual que a su Partido, al Instituto que lleva su nombre y  todos los que lo rodean.

 

El Presidente del Tribunal Federal de la Región, que conoció la impugnación de la primera instancia, antes de conocer su contenido, manifestó públicamente, que la sentencia que llegaba a sus manos era “técnicamente irreprochable”, lo que configura otro claro prevaricato (O Estado de S.Paulo, 2017). El Relator del mismo Tribunal se saltó una larga lista de 257 procesos en turno para conocer del expediente de Lula, y tardó apenas seis días en preparar una ponencia desfavorable en un proceso contenido en miles de páginas.

 

Cuando este mismo Tribunal solicitó a Moro la medida de aseguramiento contra Lula, le tomó solo 19 minutos proferirla. Y cuando él, invocando sus garantías constitucionales, cuestionó y denunció en apelación el “eficiente” comportamiento, el juez Moro calificó su petición como producto de “patologías proletarias que debían ser eliminadas del mundo jurídico”. Estas formas de prejuzgamiento están consagradas en el ordenamiento penal como delito de prevaricato definido por Cesare Beccaria como “procesos ofensivos en los cuales el juez, en lugar de actuar como investigador imparcial de la verdad se vuelve enemigo del acusado” (Beccaria, 2015).

 

6. Violación del derecho a la intimidad en ejercicio de la legítima defensa

 

Con la ayuda de los medios de comunicación desafectos a Lula, su causa se ha convertido en un espectáculo mediático donde se le investiga, juzga y condena a través de los medios nacionales e internacionales. Ni siquiera en los momentos más dolorosos, como el de la muerte de su esposa, se ha respetado su derecho a defenderse en la intimidad. Tampoco el de hacerlo de manera pública, en los mismos medios y con cifras de sintonía similares a los utilizados por sus enemigos para perseguirlo.

 

Investigadores policiales, fiscales, inspectores, se han lanzado, sin conseguirlo, a encontrar pruebas contra el expresidente. Ninguno de sus familiares más cercanos y colaboradores se ha librado de esta cacería: parientes, exfuncionarios, trabajadores del Instituto Lula han sido acosados mediáticamente en la búsqueda de pruebas e indicios que lo comprometan. Sus viajes internacionales han sido examinados de manera meticulosa para saber los temas que ha abordado, los ingresos obtenidos y las personas que han asistido a sus conferencias.

 

¿Que Lula hable en el exterior de seguridad alimentaria y de sus exitosas políticas para la erradicación de la pobreza, que beneficiaron a 50 millones de desposeídos brasileños configura un delito? Al contrario, en el gobierno del maltratado expresidente Brasil entró a jugar en la lista de los países más dinámicos del mundo.

 

Las comunicaciones personales, incluidas las de Lula con sus abogados, que en materia de garantías procesales son sagradas, han sido interceptadas y sus contenidos filtrados, de manera estratégica, para hacerle daño. El Magistrado Teori Zavasky del Supremo Tribunal Federal se ha mostrado en contra de semejante procedimiento. A pesar de este acoso, la prueba reina contra Lula no ha aparecido por una sola y sencilla razón: no existe.

 

7. Constreñimiento

 

Como consecuencia de esta falta de garantías, el juicio de Lula ha estado rodeado de permanentes amenazas y actos de constreñimiento como la conducción, inconstitucional y forzada a declarar, mediante la utilización masiva de la fuerza pública cuando Lula ya había anunciado su deseo de hacerlo de manera voluntaria. ¡Sus verdugos necesitaban el espectáculo! El constreñimiento mediático se ha dirigido también a jueces, defensores, testigos y otros protagonistas del sonado caso.

 

Una investigación estableció que entre diciembre del 2015 y agosto del 2016 los principales diarios del país y el telediario nacional de mayor sintonía dieron 2.539 noticias sobre Lula. De ellas, un 72 % lo descalificaban, un 26 % se podían considerar neutrales y apenas un 2 % le eran favorables (Laboratorio de Estudios de Medios y Política de la Universidad Estadual de Río de Janeiro). Algunas de estas amenazas podrían llegar, inclusive, a poner en peligro la seguridad personal del expresidente. En vísperas de proferirse la decisión sobre la aplicación del Habeas Corpus, el Comandante General del Ejército de Brasil trinó que “el Ejército no toleraría ninguna impunidad”. ¿A qué se estaba refiriendo, específicamente? ¿A que no aceptarían una sentencia que favoreciera al expresidente? ¿Si esto no es prejuzgar, qué es entonces?

 

8. Normas preexistentes

 

Lula ha sido juzgado con normas que no existían cuando se abrió su caso y con tipos penales ajustados para su situación particular que rompen el principio de la irretroactividad de las normas penales desfavorables y la aplicación universal de las que lo favorecen. El juez Moro sostiene que por ser inédito el caso Lava  Jato, dentro del cual se le juzga sin que tenga vinculación con el mismo, también lo son las reglas y normas que se le aplican.

 

Esta “excepción judicial” dentro del Estado de Derecho que se ha creado alrededor del caso Lula, enciende las alarmas sobre la fragilidad de las garantías de cualquier ciudadano brasileño para ser juzgado objetivamente.

 

La sentencia condenatoria del expresidente lo acusa de haber cometido “crímenes indeterminados de corrupción”, a través de “actos oficiales”, sin precisar tipo de delitos ni acciones criminales. Tan peligrosa justificación viola principios universales, según las cuales nadie puede ser juzgado por conductas no tipificadas previamente a la comisión de los actos de cuya comisión se le acusa (Global Scholars for Brazilian Democracy, 2018). A pesar de la clara condena que profirió el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas contra las prácticas del poder judicial aquí reseñadas para el caso de Lula, el proceso ha mantenido su hilo conductor hacia un propósito inmodificable: declararlo culpable.

 

Una Magistrada del Tribunal, explicó que, si se hubiera tratado de una interpretación constitucional in abstracto del mismo derecho que asistía al ex presidente, ella habría votado a favor de la preservación del derecho. Pero tratándose del “caso específico” de Lula, decidió votar en su contra. Conclusión: la ley que favorecía su libertad era constitucional para todos los ciudadanos, excepto para Lula.

 

9. El derecho a la segunda instancia

 

En la práctica, Lula no ha tenido el beneficio universal de una segunda instancia, en la medida en que las mismas se han agotado de manera sesgada y anticipada. La siniestra estrategia del juez Moro, consistente en convertir una causa personal en un juicio político tramitado en escenarios mediáticos y no en los estrados judiciales, es por todos bien conocida.

 

Epílogo

 

Las claras violaciones al debido proceso contra  el expresidente de Brasil Lula da Silva, lo convierten en un preso político cuya libertad debe ser, por tanto, decretada de manera inmediata. Con razón el manifiesto mundial en su defensa ha señalado que “ningún líder político brasileño ha tenido su intimidad, sus cuentas, sus movimientos tan investigados, en una verdadera conspiración contra un ciudadano, faltándole al respeto a sus derechos y negándole la presunción de inocencia” (Comité de Defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y el expresidente Lula, 2016).

 

En el caso de Lula se han permitido todos los presupuestos sobre los cuales se mueve el concepto universal del derecho al debido proceso, como parte de los logros demoliberales más importantes en materia de derechos humanos conseguidos en los dos últimos siglos. Detrás del desconocimiento de su derecho al debido proceso como extensión del golpe de estado a la Presidente Rousseff, subyace la pretensión de las élites brasileñas de impedir, a toda costa, que el ex presidente y su Partido, regresen al gobierno para continuar abriendo los espacios sociales que hoy comienzan a cerrarse y que ellos perciben como amenazas.

 

Como bien señala el profesor Luigi Ferrajoli, uno de los padres del garantismo jurídico contemporáneo: “Es innegable el nexo que une a los dos presidentes artífices del extraordinario progreso económico y social del Brasil: la falta de fundamento legal para la destitución de Dilma y la campaña judicial contra Lula que hace de su convergencia una operación antidemocrática” (Ferrajoli, 2018).

 

A los cazadores no les importa si Lula es o no culpable: ellos necesitan que lo sea para sacarlo del abanico de posibilidades políticas. Saben que el tiempo corre en contra de Lula. Si a través de la judicialización política de su caso, logran impedir que se inscriba en los próximo días -aunque nada le impide hacerlo-, la institucionalidad democrática brasileña recibirá un duro golpe que condicionará la legitimidad del Estado en los años venideros. Si, por el contrario, los cientos de amigos que tiene el Presidente a nivel internacional, logran convertir esta denuncia sobre la violación de su derecho al debido proceso en una causa que haga viable su reelección como Presidente de Brasil, se habrá dado un paso decisivo en la consolidación de la democracia en el mundo y en la reivindicación de la justicia como parte de ella. En síntesis:

 

¡Lula Inocente!

¡Lula libre!

¡Lula Presidente!

 

                                                

Bibliografía

 

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