El final del conflicto va bien, la transición va regular y el posconflicto va mal

 

Durante la campaña, los pronunciamientos de los candidatos presidenciales sobre la paz se limitaron a emitir opiniones alrededor de la coyuntura. A excepción de Humberto de la Calle, del Partido Liberal, no hubo pronunciamientos integrales de los protagonistas de las elecciones sobre la sostenibilidad real de los acuerdos de La Habana hacia el futuro, o los modelos de manejo del posconflicto que podrían asegurar la permanencia del proceso.

 

Las declaraciones sobre la continuación de las negociaciones con el ELN, que vivieron en estos meses un proceso de reacomodamiento –después de haberse reiniciado al comenzar el año y ser trasladadas de lugar-, tampoco estuvieron afortunadas. Fueron, por decir lo menos, tácitamente agresivas y sin opiniones sustantivas –a favor o en contra- de la continuación de los diálogos.

 

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Aunque obstáculos de distinta índole, vividos por el proceso durante el periodo electoral, pudieron ser superados, es claro que pasadas las elecciones se requiere hacer un balance tranquilo y mesurado sobre el “estado del arte” en materia de paz, que proporcione al nuevo presidente un panorama objetivo sobre lo que ha sucedido, lo que está ocurriendo y lo que podría seguir aconteciendo con el proceso, de cara a los retos que enfrenta en el inmediato futuro.

 

El fin del conflicto

 

El fin del conflicto armado entre el Gobierno de Colombia y las FARC, pactado en La Habana, funcionó bien en los términos que fueron acordados. En efecto, en el curso de los últimos dos años, se produjo la desmovilización de los efectivos armados de esa exguerrilla, su concentración en varias zonas veredales, la dejación de sus armas, el trámite de los beneficios en materia de libertad y movilidad, conversión en partido político y el difícil comienzo de su reinserción a la vida civil.

 

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que, en materia de fin del conflicto, las FARC cumplieron lo pactado. Veamos, por ejemplo, el caso de la entrega de armas: 6.800 de exguerrilleros dieron sus armas, a razón de 1,32 por excombatiente, una de las cifras más altas de procesos recientes de desarme para la paz en el mundo.

 

Y, aunque en el proceso mismo se presentaron obstáculos que debieron ser previstos y evitados, como el equipamiento de las zonas veredales, la tramitación de amnistías individuales, la liberación de exguerrilleros presos en las cárceles (a marzo del 2018 permanecían 600 de ellos en prisión) y la dificultad para concretar proyectos productivos para garantizar la subsistencia de los movilizados, al final se consiguió el propósito de desactivación de la violencia armada.

 

Estos beneficios ya se habían comenzado a sentir desde el momento en que se iniciaron las negociaciones en La Habana y se acordó el cese bilateral del fuego de forma permanente. Durante el tiempo que duraron las negociaciones los homicidios pasaron de 15.968 (en 2012) a 12.076 (en 2016), reduciéndose así en 3.892; los secuestros, por su parte, pasaron de 305 (en 2012) y 598 en su pico más alto (en 2013) a 207 (en 2016). Además, desapareció el impacto de minas antipersonas: de un promedio anual de 1.200 personas afectadas por la explosión de las mismas, se pasó a 57 casos en 2017. Este saldo humanitario de la época de las negociaciones en La Habana habría justificado su apertura, así hubiera fracasado.

 

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Sin embargo, el gran lunar de esta primera etapa de la paz fue –y sigue siendo- el asesinato de líderes sociales. En 2012 diferentes organizaciones sociales denunciaron la muerte de 69 líderes sociales y en 2017 la Fundación Paz y Reconciliación reportó 102 homicidios contra esta población. En 2018 se han registrado 36 casos.

 

Puede leer el informe completo de Paz y Reconciliación en este link

 

El puente entre el conflicto y el posconflicto

 

Para muchos dirigentes, el proceso de paz terminó con la dejación de las armas por parte de los combatientes de las FARC, que marcó el comienzo del silencio de los fusiles que el país había buscado –sin lograrlo- durante medio siglo. El éxito de esta paz negativa no es, sin embargo, la paz definitiva, que solo se conseguirá cuando cambien las condiciones objetivas que generaron y alimentaron durante muchos años y en muchos sitios de nuestra geografía el conflicto.

 

Esta visión recortada de la paz, como desarme, dificultó la búsqueda posterior del entendimiento institucional necesario para construir, como parte de una política de Estado, los puentes transicionales que asegurarán el paso del conflicto a una sociedad reconciliada. Distintos agentes públicos del propio Gobierno, las ramas legislativa y judicial y organismos de control no entendieron –algunos siguen sin hacerlo- que los compromisos de La Habana, fundamentados en el derecho internacional humanitario, incluidos en el núcleo duro de la Constitución y legitimados a través de tratados internacionales, no son una opción sino una obligación para el Estado colombiano.

 

Hacia el posconflicto

 

Si el conflicto armado fue nacional y debía resolverse como se hizo, a nivel nacional, el posconflicto es una realidad eminentemente local que debe solucionarse a escala territorial. Sin duda, su manejo ha sido la pieza más débil del ajedrez de la paz.

 

El gobierno nacional, ciertamente, no estaba preparado para asumir los inmensos desafíos que plantea el logro de pasar de una sociedad que ha vivido en medio de la guerra durante medio siglo, a una más incluyente y reconciliada. Tal vez eso explique por qué muchos sectores donde la guerra no se sintió, como las grandes ciudades capitales, han sido los más refractarios a aceptar los acuerdos e, inclusive, votaron contra ellos en el plebiscito, que no fue una voz contra la paz sino el resultado de un sindicato de odios diversos –contra el Gobierno, los impuestos, la inseguridad ciudadana- que encontraron en el NO a la paz la forma de desfogarse. Así ocurrió con el Brexit europeo o la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

 

Ahora, el lenguaje en que se siguen expresando estos mismos sectores, a través de las redes, refleja una actitud muy peligrosa de venganza y revancha. Mientras no haya perdón y verdad, la sociedad colombiana y los siete millones de víctimas que produjo la guerra no podrán elaborar el duelo de su dolor y reconciliarse.

 

Por ello, el proceso de reincorporación de las FARC, como punto de partida del posconflicto, ha sido tan lento y doloroso. Más de 36 exmiembros de las FARC y 11 de sus familiares han sido asesinados desde la firma de los acuerdos. Además, una buena parte de los guerrilleros desmovilizados que se habían concentrado de buena fe en las zonas veredales desertaron (al menos el 55%, de los 8.000 que se acogieron al acuerdo de paz, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault). Muchos de ellos se fueron porque no llegaron los prometidos apoyos para acometer proyectos productivos con los que hubieran podido reinsertarse en la sociedad civil de manera definitiva. Tampoco se contempló la posibilidad de haber empezado sus nuevas vidas en las zonas veredales, que hubieran podido volverse permanentes, como bases para la paz.

 

La metástasis

 

¿Existe la posibilidad de que los focos de violencia que quedaron vivos después del cumplimiento de los acuerdos de desmovilización y desarme generen un fenómeno de metástasis social que haga renacer el conflicto armado a nivel nacional? La respuesta es sí. Y es muy alta.

 

Según Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, las estadísticas internacionales muestran que en el último siglo hubo nueve posconflictos que se parecen al colombiano. Sin embargo, solo uno de ellos (el de Sierra Leona) ha salido porque que todos –como en este caso- tienen una economía de guerra muy fuerte que los financia.

 

Así las cosas, la posibilidad de que Colombia sea uno de esos ocho países en los que el posconflicto fracasó es muy alta –debido al factor del narcotráfico- y, por lo tanto, su éxito depende de la voluntad de los firmantes de los acuerdos de La Habana y del ELN.

 

También, el apoyo de la sociedad civil para sostener los compromisos en el largo plazo es fundamental. Como se ha demostrado en otros informes sobre ‘Cómo va la paz’, las dinámicas de la violencia que caracterizaron el conflicto armado, que hoy creemos superado, se siguen manifestando en algunas regiones del país como Tumaco, Chocó, Catatumbo y Arauca. Y podrían extenderse a 62 municipios donde existió una fuerte presencia armada de las FARC y aún no se ha hecho presente, de manera efectiva, la presencia emergente del Estado colombiano.

 

En estas mismas zonas se ha ido fortaleciendo la presencia de disidencias de las FARC, que aunque poco significativas en su número se han aprovechado de la huella de la presencia histórica de la organización en la zona. En unas pocas regiones estas estructuras se podrían reforzar con el ingreso de combatientes desertores desencantados por el incumplimiento, anteriormente comentado, de los acuerdos para su reinserción en la vida civil en las zonas veredales.

 

Puede leer las razones completas de por qué el conflicto podría hacer metástasis en este link

 

Salvemos la paz

 

Es posible que los vientos polarizantes de la campaña electoral que termina hayan impedido tener aproximaciones más integrales, objetivas y positivas frente al evidente deterioro en el proceso de cumplimiento de los acuerdos de La Habana y las dificultades conocidas para avanzar en los diálogos con el ELN.

 

Pareciera que los sentimientos de revancha, venganza y desquite no hubieran abandonado algunos sectores de la opinión nacional y que la voluntad de paz y el apoyo a una salida política del conflicto armado no fueran aún suficientes para contrarrestarlos.

 

Pero no debemos dejar que esa actitud negativa frente a las posibilidades de una sociedad reconciliada nos contamine. Calmadas las aguas tormentosas de la confrontación electoral, el nuevo Gobierno tiene que tomar la decisión de avanzar en la paz o regresar a la guerra.

 

Premisas básicas para un Acuerdo Nacional por la Paz

 

1. Garantizar la sostenibilidad de los acuerdos de la Habana suscritos con las FARC y apoyar la continuación de las negociaciones con el ELN en Cuba.

 

2. Reconocer la condición de Política de Estado del proceso de paz y el compromiso de todos los órganos estatales de impulsarlo, sostenerlo y respetarlo.

 

3. Aceptar la condición de obligatoriedad jurídica de los Acuerdos de la Habana, firmados por el Gobierno, refrendados por el Congreso, avalados por la Corte Constitucional y contenidos en tratados internacionales de obligatorio cumplimiento por parte de Colombia.

 

4. Incluir, como parte de la política exterior colombiana, refrendada por la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el fortalecimiento de los apoyos internacionales que recibe hoy el proceso de Paz de Colombia en el mundo.

 

5. Incluir los compromisos sociales, económicos, ambientales, culturales y de género acordados en La Habana en relación con el posconflicto en el Plan de Desarrollo 2018-2022.

 

Lo invito a leer el texto completo aquí

 

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